Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías empleando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 compañías, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el enfrentamiento comienza a formarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su Sugerencias adicionales participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión a través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de dos meses.
Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan más capas de un enfrentamiento que resalta la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y gestores en el ámbito del capital peligro..
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